Mecatti Oscar Roberto c/ Cooperativa de Trabajo Distribuidora de diarios y revistas Villa Ballester Ltda. y otros s/ despido


Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala/Juzgado: V
Fecha: 26-ago-05

Jurisprudencia relacionada:
Peralta Hector c/ Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda (Anterior)
Fernández Castro, Cecilia María Noel c. Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo T.A.C. Ltda. (Anterior)
Cooperativa de Trabajo de Transporte La Unión Limitada c. Dirección General Impositiva. (Anterior)
Legislación Relacionada:
Código Civil (Art. 959)

 

Resumen:

1.-Corresponde revocar la sentencia de grado que rechazó la demanda al considerar no acreditada la existencia de un vínculo laboral entre la cooperativa demandada y el actor, y tener por justificado el despido indirecto, ya que si bien se verificó la autenticidad de la "solicitud de ingreso" del actor a la cooperativa, la notificación de su aceptación en calidad de socio de la cooperativa, las constancias de diversos "retiros", y asimismo le fue exhibida al perito contador la documentación contable que es exigida legalmente a las cooperativas, lo cierto es que se encuentran ausentes otros elementos que demuestran la "affectio societis" que resulta esencial en toda sociedad (en este caso una sociedad cooperativa), y que pueden ejemplificarse como: 1) una participación activa del socio en las decisiones sociales o en el control de los balances, etc, o 2) al menos que tuvo la oportunidad real de efectivizar tal participación; es decir que el comportamiento de aquel se muestre en un sentido de pertenencia a la cooperativa de trabajo y no como un tercero que le presta servicios pero es extraño a su conducción y resultado económico. La demandada no demostró que las tareas desarrolladas por el actor lo hayan sido en el invocado carácter de socio de la cooperativa, es decir caracterizada como las dirigidas hacia el cumplimiento del objeto social, para lo cual no es suficiente con demostrar su inscripción en tal carácter, sino que éste no fuera ajeno a la dirección y riesgo de la empresa.

2.-Entre una sociedad cooperativa de trabajo y el supuesto socio se configura un negocio jurídico simulado por el que aquélla pretende evadir las obligaciones derivadas de un verdadero contrato de trabajo. Pero a diferencia de lo que acontece en el derecho civil (en el que no hay acción entre los copartícipes de la simulación ilícita, art. 959 C. Civil)  en el derecho laboral y conforme al principio protectorio, se impone que se considere irrelevante jurídicamente la voluntad del trabajador dirigida a la evasión de las normas del derecho laboral. En consecuencia, el dependiente siempre tendrá acción para poner en claro la simulación ilícita y beneficiarse con la aplicación de dichas normas.

3.-El trabajo personal es el aporte de los asociados, por lo que tal supuesto queda excluido de las previsiones de la LCT  y no resulta de aplicación lo establecido en su art. 27  , en la medida que la interpretación contraria implicaría considerar imposible la existencia de una persona jurídica de esas características, cuando es obvio que el sistema normativo prevé la vigencia de esa figura. Pero una de las finalidades del art. 23 LCT  es la de prevenir y evitar fraudes contra el trabajador, los que pueden ser consumados mediante el empleo de figuras que presenten una apariencia no laboral. Es por ello que -cuando no caben dudas acerca de la prestación de servicios en un contexto fáctico inequívocamente propio de una relación laboral subordinada – la interpretación adecuada del citado art. 23 LCT no puede llevar a que se considere desvirtuada la presunción mediante la sola prueba de meras formalidades, ya que tal criterio implicaría vaciar de contenido concreto la previsión legal. Recae sobre la cooperativa demandada la carga de demostrar que las tareas prestadas por el actor tenían como fuente obligacional su carácter de aporte societario, por lo que las tareas constituían "actos cooperativos" y no una prestación efectuada bajo la dirección de la cooperativa, y mediante una remuneración en los términos del primer párrafo del art. 4° de la L.C.T.  .

4.-La defensa vertida acerca de que las sumas percibidas por el actor hayan sido calificadas de "anticipos de retorno", no obsta recalificarlas de efectiva remuneración (conf. Art. 103 L.C.T.)  pues por vía del mentado principio de primacía de la realidad, la naturaleza de los contratos se determina por el conjunto de presupuestos fácticos que rodean a la prestación que, en el caso, fue subordinada (arts. 21  , 25  y 26  idem).

5.-El patrono tiene 30 días -una vez producida la disolución del vínculo laboral- para cumplir con la obligación impuesta por el art. 80 LCT  -entrega de certificados-. Y si no lo hace, una vez transcurridos esos treinta días el trabajador está habilitado para cursar la intimación fehaciente a tal efecto. Si pasados dos días -hábiles- contados desde la recepción del requerimiento éste no se cumple, procede la indemnización. En el caso concreto, se aprecia que la intimación efectuada por el actor en procura de la entrega del certificado de trabajo fue efectuada junto con la comunicación de su decisión de disolver el contrato de trabajo, es decir cuando todavía no había transcurrido el plazo con el que contaba la empleadora para hacer entrega del instrumento en cuestión. Por ende , esa intimación careció de los efectos pretendidos por la normativa citada, pues más allá de la negativa del carácter laboral dependiente de la accionada, para el progreso del resarcimiento exigido es menester que se cumplan los recaudos legales.

6.-En el caso que se declare la inexistencia de un real vínculo asociativo cooperativista entre el actor y la entidad, corresponde extender la condena a las personas físicas codemandadas, atento encontrarse incursas en la situación prevista por el art. 86 L.O.  -confesión ficta- y por haber sido presidente de la cooperativa durante gran lapso del desempeño del actor.

 

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 26 días del mes de agosto de 2005, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y la doctora MARÍA CRISTINA GARCIA MARGALEJO dijo:

I. Vienen estos autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 303/6 formula la parte actora a mérito del escrito que luce a fs. 311/6, que merecieran réplica de la contraria a fs. 323/31. Asimismo apela el actor las regulaciones de honorarios por considerarlas elevadas, y el letrado de los demandados (fs. 309) y el perito contador (fs. 318) recurren las regulaciones que les fueron efectuadas por considerarlas reducidas.

II. La sentencia de grado rechazó la demanda al considerar no acreditada la existencia de un vínculo laboral entre la cooperativa demandada y el actor. Así consideró la Sra. Jueza a quo que, aunque correspondía aplicar la presunción prevista por el art. Art. 23 de la L.C.T.  , ésta fue desvirtuada al haberse demostrado que el trabajador suscribió la solicitud de incorporación a la cooperativa de trabajo, y la existencia de las demás documentación que daba cuenta de su vínculo societario.

Se agravia el actor por cuanto considera que la demandada ".sólo formalmente llevaba a cabo la cooperativa, en tanto . no existía participación real de los supuestos asociados.", reiterando en otros tramos del escrito tales conceptos, haciendo hincapié en la inexistencia de verdadera participación societaria del actor en la cooperativa, y aduciendo que ". los demandados no h
an acreditado que se citara a los asociados a las asambleas ni que (éstas) se llevaran a cabo, que deben ejecutarse en una "verdadera" cooperativa, de hecho del informe contable, surge que la última registrada en el Libro de Actas de Asambleas", es el de fs.35 del 22-7-2000, mientras que el del "Libro copiador de Asambleas", data del 23-8-2001.", por lo cual deduce que la última asamblea ordinaria tuvo lugar tres años antes del peritaje contable y la última extraordinaria dos (ver fs. 315).

Expuesto sucintamente el eje de la cuestión a tratar, he de comenzar transcribiendo conceptos vertidos por la magistrada de 1° instancia Dra. María Teresa Zoppi en la sentencia n° 1.730 de fecha 31-10-2002 del Juzgado n° 72 (considerada por esta Sala mediante sentencia definitiva n° 66.466 del 23-5-2003), conceptos que por su claridad resultan ilustrativos en relación al tema de las cooperativas de trabajo genuinas, el trabajo personal es el aporte de los asociados, por lo que tal supuesto queda excluido de las previsiones de la LCT  y no resulta de aplicación lo establecido en su art. 27  , en la medida que la interpretación contraria implicaría considerar imposible la existencia de un a persona jurídica de esas características, cuando es obvio que el sistema normativo prevé la vigencia de esa figura. Pero una de las finalidades del art. 23 LCT es la de prevenir y evitar fraudes contra el trabajador , los que pueden ser consumados mediante el empleo de figuras que presenten una apariencia no laboral. Es por ello que -cuando no caben dudas acorde de la prestación de servicios en un contexto fáctico inequívocamente propio de una relación laboral subordinada – la interpretación adecuada del citado art.23 LCT no puede llevar a que se considere desvirtuada la presunción mediante la sola prueba de meras formalidades, ya que tal criterio implicaría vaciar de contenido concreto la previsión legal".

Sobre la base de lo expuesto, recaía sobre la cooperativa demarcada la carga de demostrar que las tareas prestadas por el actor tenían como fuente obligacional su carácter de aporte societario, por lo que las tareas constituían "actos cooperativos" y no una prestación efectuada bajo la dirección de la cooperativa, y mediante una remuneración en los términos del primer párrafo del art. 4° de la L.C.T.  .

III. Por ello es que lo sustancial no reside en demostrar la cumplimentación de algunos requisitos formales del vínculo invocado por la accionada, sino que lo que debe probarse es que la apariencia de esta figura "no laboral" se encuentra correspondida con los verdaderos hechos acontecidos, para lo cual no es ocioso memorar que rige en la materia el principio de primacía de la realidad, o sea que basta con que se den los presupuestos fácticos que tipifican una relación laboral para demostrar la existencia de un contrato de trabajo, "cualquiera sea su forma o denominación" (conf. Art.21 L.C.T.)  .

En el caso "sub examine" si bien se verificó la autenticidad de la "solicitud de ingreso" del actor, la notificación de su aceptación en calidad de socio de la cooperativa, las constancias de diversos "retiros", y asimismo le fue exhibida el perito contador la documentación contable que es exigida legalmente a las cooperativas, lo cierto es que se encuentran ausentes otros elementos -a mi juicio definitorios- que demuestran la "affectio societis" que resulta esencial en toda sociedad (en este caso una sociedad cooperativa), y que pueden ejemplificarse como una participación activa del socio en las decisiones sociales o en el control de los balances, etc, o al menos que tuvo la oportunidad real de efectivizar tal participación; es decir que el comportamiento de aquel se muestre en un sentido de pertenencia a la cooperativa de trabajo y no como un tercero que le presta servicios pero es extraño a su conducción y resultado económico.

En el caso se revela que sólo se hallan cumplimentados algunos requisitos formales, pero no existe ninguna constancia que demuestra que el actor haya participado, o al menos se le hubiese notificado fehacientemente de la celebración de las asambleas ordinarias ni extraordinarias, ni tampoco se arrimaron los instrumentos necesarios para verificar la distribución del total de los ingresos según los principios del cooperativismo. Es más, la accionada ni siquiera acompañó a la causa el estatuto ni el reglamento interno de la cooperativa. En suma, la demandada no demostró que las tareas desarrolladas por el actor lo hayan sido en le invocado carácter de socio de la cooperativa, es decir caracterizada como las dirigidas hacia el cumplimiento del objeto social, para lo cual -reitero- no es suficiente con demostrar su inscripción en tal carácter, sino que éste no fuera ajeno a la dirección y riesgo de la empresa. Aclaro que si bien aparece una persona de igual apellido en la copia de acta obrante a fs.239/240 solicitando el uso de la palabra en la asamblea general extraordinaria n° 11, se trata del asociado Carlos Mecatti, mientras que el aquí reclamante es Oscar Roberto Mecatti.

Nótese que, tal como apunta la parte recurrente, al momento de efectuarse el peritaje contable, la demandada llevaba dos años sin realizar asambleas generales ordinarias, lo cual evidencia además de un incumplimiento a lo previsto en el capítulo VI de la ley 20.337  , la ausencia d participación en la toma de decisiones y en el control de la distribución de ingresos de los asociados. Ello evidencia que con se acreditó en la causa la distribución de los excedentes repartibles (conf. Art. 42 ley 20.337), con el objeto de probar que lo percibido por el actor en concepto de "anticipos" de retorno era lo que efectivamente le correspondía.

Según sostuvo Justo López el fraude es una posición negocial, a primera vista lícita, económica y socialmente determinada por una causa ilícita. Por ende entre una sociedad cooperativa de trabajo y el supuesto socio de configura un negocio jurídico simulado por el que aquélla pretende evadir las obligaciones derivadas de un verdadero contrato de trabajo. Pero a diferencia de lo que acontece en el derecho civil (en el que no hay acción entre los copartícipes de la simulación ilícita, art. 959 C. Civil  ) en el derecho laboral y conforme al principio protectorio, se impone que se considere irrelevante jurídicamente la voluntad del trabajador dirigida a la evasión de las normas del derecho laboral. En consecuencia, el dependiente siempre tendrán acción para poner en claro la simulación ilícita y beneficiarse con la aplicación de dichas normas (Justo López "Algunas figuras de la simulación ilícita laboral" L.T. XVII pág. 1073 y sgtes).

No cabe aplicar en el caso la teoría de los actos propios como lo pretende la demandada (ver fs.326, tercer párrafo) en tanto ello implique dejar de lado normativa de orden público en el aspecto laboral (arg. Arts. 7  y 12 L.C.T.  ).

Por lo demás, la defensa vertida acerca de que las sumas percibidas por el actor hayan sido calificadas de "anticipos de retorno", no empiece re-calificarlas de efectiva remuneración (conf. Art. 103 L.C.T.)  pues por vía del mentado principio de primacía de la realidad la naturaleza de los contratos se determina por el conjunto de presupuestos fácticos que rodean a la prestación que, en el caso, considero que fue subordinada (arts. 21, 25 y 26 idem). Sin abrir juicios más allá de este pleito, eso es lo que considero acreditado en lo que el Sr. Oscar R Mecatti y a la coopertiva demandada respecta.

Con apoyo en todo lo expuesto, al haberse demostrado la existencia de un contrato de trabajo ante la ausencia de elementos esenciales que autoricen a tener por acreditada una real figura de asociación cooperativa entre actor y demandada, corresponde analizar la legitimidad del despido indirecto del caso.

Del intercam
bio de comunicaciones fehacientes producido entre los ahora litigantes (verlo a fs. 221/3), se desprende que el Sr. Mecatti se consideró en situación de despido por telegrama de fecha 5 de abril de 2002, ante el desconocimiento de la demandada del carácter laboral del vínculo otorgado en repuesta a la anterior interpretación formulada por el trabajador para que se aclare su situación y proceda a la correcta registración del contrato de trabajo en los términos de la ley de empleo.

Sobre esa base y al incursionar en las pretensiones indemnizatorias, juzgo que el despido indirecto del caso resultó justificado por cuanto el desconocimiento del vínculo laboral y los probados incumplimientos a los deberes de dar ocupación (art. 78 L.C.T.)  y de registrar debidamente el empleo (art. 7 L.N.E. y art.2° decreto 2.725/91), no consintieron -ante su gravedad- la prosecución del vínculo laboral (arts. 242  y 246  L.C.T.).

Por ello, propiciaré revocar lo resuelto en la sentencia de grado, y por ende admitir los reclamos resarcitorios de la demanda con apoyo en la ley de contrato de trabajo (arts. 232, 233 y 245) y también los créditos peticionados por los salarios de febrero, marzo y días de abril de 2002, vacaciones proporcionales de 2002, pues la demandada no probó el pago de dichos conceptos mediante recibos (art. 138 L.C.T.)  ni por confesión u otro medio fehaciente (art. 85 ley orgánica).

En cambio serán desechados los requerimientos del inicio con apoyo en la ley 25.345  (arts. 43 y 45) por cuanto en la demanda no se precisaron los hechos ni el derecho sobre los que se basaron tales pretensiones y sólo se consignó en la liquidación un monto que se denunció adeudado por cada rubro. Mediar en consecuencia una omisión sobre las pautas necesarias para establecer cabalmente los créditos requeridos, lo cual impide un juzgamiento válido sobre el punto en debate por aplicación del principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4°  y 163 inc. 6°, cód, procesal  )

No obstante lo expuesto y dejando de lado el requerimiento en "RESERVA" (ver fs. 9) de la multa del art. 43 de la ley citada, en lo que atañe al reclamo con fundamento en el art. 80 "in fine" de la L.C.T.  he sostenido en otras oportunidades en las que me ha tocado expedirme al respecto, que dicha disposición legal establece una indemnización para el caso de que el empleador no entregue las certificaciones de que se trata dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto formule el trabajador en forma fehaciente; o sea que para que se torne operativa la reparación se necesita indefectiblemente un emplazamiento (computado a partir del siguiente a la recepción de la intimación) sin que el patrono cumpla lo pedido. Ahora bien, en cuanto a cuando queda habilitado el empleado para formular tal intimación, es materia que resulta aclarada por la reglamentación efectuada por el decreto n° 146/2001, art. 3; este último dispone que el trabajador quedará habilitado para remitir aquel requerimiento fehaciente cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del art. 80 L.C.T. dentro de los 30 días corridos de extinguidos por cualquier causa, el contrato de traba. Vale decir que el patrono tiene 30 días para cumplir con su obligación impuesta por el art. 80 cit. Y si no lo hace, una vez transcurridos esos treinta días el trabajador está habilitado para cursar la intimación fehaciente a tal efecto, si pasados dos días -hábiles- contados desde la recepción del requerimiento éste no se cumple, procede la indemnización. Me parece que, sin perjuicio de que la colocación de los signos de puntuación en el texto del decreto puede no haberse sido del todo correcto, la lectura de la norma lleva indudablemente a la conclusión antedicha.

Tal como expresa Carlos A. Etala, antes de la sanción de la ley 25.345 las normas entonces vigentes no establecen plazo alguno; el último párrafo agregado al art.80 dispuso el de dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción que a tal efecto formule fehacientemente el trabajador, más dicho plazo ".señalado en la norma sustancial aparecía como extremadamente exiguo, si se tiene en cuenta que la disposición se dirige a todo tipo de empleadores (unipersonales, pequeños empresas) y que puede tratarse de la extinción de relaciones laborales de larga data, caso en que su elaboración puede exigir una engorrosa tarea. El art. 3° del dec. Reg. 146/01 aclaró. De manera razonable, que el trabajador queda habilitado para hacer el requerimiento cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o certificados dentro de los treinta días de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo" (Contrato de trabajo, 5° edición actualizada y ampliada, pág. 248). Tiene pues en la práctica el patrono 30 días corridos para cumplir su obligación y, si no lo hace y luego de aquel plazo de 30 días el empleado lo intima tiene dos días hábiles más, antes de que entre a operar la sanción.

Refuerza esta interpretación la lectura del anteúltimo considerando del decreto que expresa: "Que, por último, deviene necesario establecer el plazo perentorio dentro del cual el empleador, una vez producida la disolución del vínculo laboral por cualquier causa, deberá hacer entrega al trabajador de los instrumentos a que hace alusión el artículo 80 de la ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. por Decreto n° 390/76) y sus modificatorias, como paso previo a que se torne operativo el procedimiento contenido en el último párrafo del mencionado artículo 80, incorporado por el artículo 45 de la ley 25.345".

En el caso concreto se aprecia que la intimación efectuada por el actor en procura de la entrega del certificado de trabajo fue efectuada junto con la comunicación de su decisión de disolver el contrato de trabajo (ver fs.8), es decir cuando todavía no había transcurrido el plazo con el que contaba la empleadora para hacer entrega del instrumento en cuestión. Por ende , esa intimación careció de los efectos pretendidos por la normativa citada, pues más allá de la pretendidos por la normativa citada, pues más allá de la negativa del carácter laboral dependiente de la accionada, para el progreso del resarcimiento exigido es menester que se cumplan los recaudos legales.

Por el contrario, si considero viables los requerimientos de la demanda con apoyo en la ley 24.013  , pues el trabajador, durante la vigencia del vínculo laboral intimó a su empleadora en procura del debido registro del contrato de su trabajo de acuerdo a las exigencias que prevé el art. 7° de la ley 24.013  (ver telegrama de fs. 221), por lo cual resultan procedentes las indemnizaciones reclamadas con sostén en los arts. 8° y 15 de la ley nacional de empleo, toda vez que la accionada no cumplió con la obligación que le fue exigida y el despido del caso se produjo dentro del plazo de dos años posteriores al de la mentada intimación, y una de las causales guarda vinculación con la del art. 8° de dicha ley.

En atención a que la disolución se produjo durante el lapso en que el art. 16 de la ley 25.561  dispuso la "suspensión" de los despidos sin causa justificada, es procedente la duplicación indemnizatoria peticionada con apoyo en dicha normativa.

En lo que atañe a la fecha de ingreso al empleo tomaré en consideración la del día 28 de diciembre de 1994 denunciada en la demanda, pues juega a favor del actor el dispositivo del art. 55 de la ley y de contrato de trabajo ante la ausencia de registración de su contrato en el libro laboral.En cambio, tomaré en consideración para el cálculo de los créditos de condena los montos abonados mensualmente por la demandada que surgen de los recibos que esta última adjuntara a fs. 21/41, reveladores de l
o realmente percibido (verlos en sobre reservado n° 4484). Por ende, computaré la última remuneración percibida de $ 1.006,17 (fs. 39/40) y la mejor del último año de la relación laboral de $ 1.033,57 (fs. 31/32) correspondiente al mes de septiembre de 2001, la cual cabe aplicar para la determinación del monto de la indemnización por antigüedad.

IV. Sobre la base de lo dicho y teniendo presente una vinculación laboral que perduró hasta el día 5 de abril de 2002, habrá condena por la indemnización por despido en la suma de $ 8.268,56 (8 períodos resarcibles); la indemnización sustitutiva del preaviso, incluyendo la incidencia del s.a.c. en la de $ 2.180,03 ($2.012,34/ 12= $167,69); la integración del mes de despido (25 días), también contemplados el S.A.C. en la de $ 908,34 ($ 838,47 / 12= $ 69,87); la indemnización del art. 8° de la ley 24.013 en la suma requerida de $ 2.009,15; la del art. 15 de la ley antes citada en la de $ 11.356,93 (arts. 232 + 233 + 245, L.C.T.); el resarcimiento con sustento en el art 16, ley 25.561 en la de $ 11.356,93; los salarios de febrero, marzo y días de abril (5) de 2002 en las de $ 1.006,17 y $ 167,70, respectivamente; el s.a.c. proporcional del primer semestre de 2002 en la de $ 265,52; por las vacaciones de 2001 (21 días) en la de $ 845,18 ($ 1.006,17/25= $ 40,247 *21); y por las vacaciones proporcionales de 2002 conf. Art. 153 L.C.T dado el lapso trabajado e incluída la proporción de s.a.c.en la de $ 130,78.

Consecuentemente, de prosperar mi voto, habrá condena por un monto total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UNO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 39.501,46).

De conformidad con lo resuelto por la C.N.A.T. mediante acta 2357 de fecha 7/5/02 (aclarada por resolución n°8 del 30/5/02) los créditos de condena devengarán intereses desde la exigibilidad y hasta el momento del efectivo pago a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (arts. 622 Código Civil)  .

Asimismo la demandada deberá entregar al actor el certificado de trabajo previsto por el art. 80 segundo párrafo de la L.C.T. (texto según ley 25.345) bajo apercibimiento de disponer la aplicación de "astreintes" ante el incumplimiento a esa obligación de hacer (conf. Art. 666 bis Código Civil)  .

V. En cuanto a la extensión de la condena a las personas físicas codemandadas, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto considero que es procedente. Por un lado porque la codemandada Benvenuto se halla incursa en la situación prevista por el art. 86 L.O.  (ver fs. 243/244) y no advierto desvirtuados a su respecto por prueba efectivamente producida, los extremos respectivos indicados en el inicio. En cuanto al Sr. Mariano Carranza no hay dudas de que fue el presidente de la cooperativa durante gran lapso del desempeño del actor (ver lo que surge de fs. 142 y del acta ya citada de fs. 239/240 de donde emerge que recién en agosto de 2001 asumió el Sr. Dos Santos Brandao quien se presentó en la audiencia de fs. 243) y teniendo en cuenta la forma en que se resolvería el pleito (en caso de prosperar mi voto claro está) al declararse la inexistencia de un real vínculo asociativo cooperativista entre el Sr.Mecatti y la entidad -la que respecto del accionante no habría funcionado como tal -deviene justificado en consecuencia condenar a quien aparece al frente de aquella pero que no actuó -en la especie- representándola en tanto cooperativa sino soslayando la legislación laboral vigente (arg. Arts. 5, 23 y 26 L.C.T.).

VI. En atención a la revocatoria propuesta, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios adecuándolos al actual resultado del litigio (conf. Art. 279 C.P.C.C.N.) y deviniendo abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos al respecto.

En cuanto a las costas del proceso considero que deberían imponerse en ambas instancias a cargo de los codemandados (arts. 68 C.P.C.CN.) en forma solidaria en atención al resultado del proceso. Sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora por su actuación en ambas instancias en el 20% del monto definitivo de condena por capital e intereses, los de los demandados en conjunto por iguales trabajos 15% y los del perito contador Julio E. Ghigliazza 6% todo de igual monto (arts. 38 L.O., 1, 6, 7, 9, 14, 19, 37 y 39 ley 21.839  , decreto -ley 16.638/57, mérito e importancia de las labores y etapas cumplidas).

 

EL DOCTOR LUIS RAUL BOUTIGUE manifestó:

Que por compartir los fundamentos, adhiere al voto del Señor juez de cámara preopinante.

 

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL

RESUELVE:

1°) Revocar parcialmente la sentencia apelada, y en consecuencia hacer lugar a la demanda en la medida de los considerandos anteriores, condenando a la COOPERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS VILLA BALLESTER LIMITADA solidariamente con MARIANO, CARRANZA y ADRIANA EDITH BENVENUTO a pagar a OSCAR ROBERTO MECATTI, dentro del plazo de cinco días, la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UNO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 39.501,46) con más los intereses determinados en el punto V del primer voto de este acuerdo.

2°) Condenarlos asimismo a entregar al actor el certificado de trabajo contemplado por el art. 80 segundo párrafo de la L.C.T. en las condiciones indicadas en el cuarto párrafo del punto IV del primer voto.

3°) Declara las costas del juicio en ambas instancias a cargo de los demandados solidariamente, y regular los honorarios de los profesionales intervinientes como se indica en el punto VI del primer voto. Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. "2" del art. 62 de la ley 1.181  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que el obligado de afrontar las costas del juicio, en caso de corresponder, deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN n° 6/05; 4°) Oportunamente cúmplase por 1° instancia con lo prescripto por los arts. 17 de la ley 24.013 y 46 de la ley 25.345. 5°) Reg. , not. Y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que el sr. Juez de cámara Dr. José Morell no vota por encontrarse en uso de licencia.

FDO.: MARÍA C. GARCIA MARGALEJO- JUEZ DE CÁMARA-

LUIS RAÚL BOUTIGUE- JUEZ DE CÁMARA-

LILIANA G. SKLAR- SECRETARIA-

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